Al menos 15 vecinos de Navalmoral de la Mata han recibido ya la comunicación de multas de 601 euros, en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, más conocida popularmente como Ley Mordaza, tal y como ha confirmado el activista Manuel Cañada, uno de los participantes en este acto de protesta convocado para evitar que un muro divida la ciudad en dos.

"Su grave delito ha sido participar en las movilizaciones de la plataforma ciudadana No al Muro, que viene luchando desde hace ya tres años por el soterramiento de las vías. Hace un mes, el 14 de septiembre, 500 vecinos participaron en una concentración y posteriormente mantuvieron ocupadas las vías férreas durante 29 minutos", añade Manuel Cañada públicamente.

Su protesta consistió en la ocupación de las vías se llevó a cabo en el transcurso de la protesta que reclamaba la paralización de las obras del tren de alta velocidad en superficie, a su paso por Navalmoral. Esa acción reivindicativa impidió la salida de un tren, al que mantuvo parado durante unos 40 minutos.

El texto de las multas remitidas por la Subdelegación del Gobierno indica que "han sido sancionados discrecionalmente por la Guardia Civil y sin que se les tomara siquiera los datos personales. El infractor es identificado por los agentes visualmente y mediante la visión de los diferentes videos publicados en los medios informativos y redes sociales, como una de las personas que permanecía en las vías del tren portando o tras la pancarta en primera línea. Se levanta acta-denuncia por la desobediencia a la Autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones", dicen los expediente incoados tal y como indica Manuel Cañadaa.

"Es una auténtica vergüenza que la Ley Mordaza, que se creó para reprimir la movilización popular emanada del 15 M, siga en vigor cinco años después de la constitución del gobierno autodenominado progresista. Es escandaloso que estén castigando la organización y movilización social, convirtiendo las multas en un recurso recaudatorio que se utiliza precisamente contra quienes ponen el cuerpo frente a la injusticia y reivindicando derechos sociales. Y es sencillamente bochornoso que se utilicen además procedimientos arbitrarios y de dudosa legalidad como ocurre en este caso", opina Cañada.

"La buro-represión es la utilización del arsenal de sanciones administrativas con el fin de criminalizar, reprimir y penalizar y, en definitiva, desactivar la protesta de los movimientos sociales, políticos y ciudadanos", indica Cañada.