El abogado penalista cacereño Emilio Cortés ejercerá la defensa de David Pérez Castejón, conocido como David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que se investiga por la supuesta comisión de cinco delitos: contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

El hermano de Pedro Sánchez ha contratado a este letrado afincado en Cáceres, aunque natural de Cádiz, que también asume la defensa del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el extremeño Pedro Rocha, en el caso Rubiales, según publica The Objective.

El letrado ha sido catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura, de cuya Facultad de Derecho ha sido Vicedecano y Decano. Es doctor en Derecho desde el año 1994 por la Universidad Complutense de Madrid y dirige la cátedra de Derechos Humanos Manuel de Lardizábal de la Universidad de Extremadura desde el año 2007.

Profesor del área Penal de las Escuelas de Práctica Jurídica de Cáceres, Mérida y Badajoz, el abogado defensor de David Azagra es autor de siete libros y más de 50 artículos sobre delincuencia emocional, delito fiscal, delito de dopaje, delito de corrupción deportiva o delitos cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El despacho que dirige está especializado en procedimientos penales en todas sus fases, incluyendo la ejecución penitenciaria y se encargará de aportar las pruebas para la defensa de Azagra ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que ha acordado la práctica de determinadas pruebas, entre las que se encuentra la remisión del contrato de trabajo del hermano de Pedro Sánchez, que inició su relación laboral con la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de los conservatorios y que posteriormente fue nombrado director de la Oficina de Artes Escénicas.

La apertura de diligencias del Juzgado de Badajoz tuvo lugar después de que el sindicato Manos Limpias denunciase una serie de irregularidades supuestamente cometidas por el hermano del presidente del Gobierno, entre ellas su cambio de residencia fiscal al municipio portugués de Elvas, aprovechándose del Régimen de Residentes no Habituales de Portugal, eludiendo sus responsabilidades fiscales en España.

La denuncia sostiene además que percibe un sueldo público sin ir a trabajar y que no teletrabaja para la Diputación de Badajoz, ya que ni la institución pacense se lo ha concedido ni él lo ha solicitado.