La sección número 2 de la Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado el sobreseimiento de la causa abierta contra el expresidente de la Diputación de Cáceres y alcalde de Calzadilla, Carlos Carlos Rodríguez, que fue denunciado por la Fundación Española de Abogados Cristianos por un presunto delito de prevaricación.

El expresidente declaró el pasado 9 de enero en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria en calidad de investigado tras la denuncia presentada por la citada fundación, que le acusaba de la adjudicación irregular de 14 contratos de la institución provincial y otro más del Ayuntamiento de Calzadilla a una empresa constructora.

El Juzgado de Instrucción de Coria abrió diligencias contra Carlos Carlos Rodríguez por considerar que los hechos denunciados presentaban "características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa”. Sin embargo, el 17 de mayo de 2024 decretó el sobreseimiento provisional de la causa y procedió al archivo de las actuaciones.

La Fundación, representada por el abogado Pablo Jarque, presentó recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento, pero ahora, la Audiencia Provincial de Cáceres confirma la decisión de archivarlo adoptada por la instructora del procedimiento y sostiene que no fue "errónea, irrazonable o arbitraria", sino coherente con el análisis del resultado ofrecido por el material de investigación existente. 

DESCARTADAS LAS ACUSACIONES

El auto dado a conocer ahora va más lejos y asegura que tras la instrucción practicada y con la documental aportada "se ponen de relieve una serie de circunstancias que propiamente permiten descartar su
realidad".

En concreto, existe un informe del 10 de abril de 2024 emitido por la jefa del Servicio General de Planificación de la Diputación de Cáceres que sostiene que se siguió el estricto cumplimiento de la normativa en materia de contratación. 

También hay un informe del 3 de mayo de 2024 del entonces secretario del Ayuntamiento de Calzadilla que asegura que el procedimiento de adjudicación de las obras de reforma de la casa de la cultura de este municipio se realizó según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

La Audiencia Provincial señala además que hay pruebas documentales que demuestran que no hubo "infracción alguna de la normativa administrativa aplicable" y no ve indicios que permitan sustentar el procedimiento penal por considerar que está basado en "meras conjeturas o sospechas".