Este año, el Día de la Liberación Fiscal en Extremadura se ha fijado para el 1 de agosto, dos días más tarde que la media nacional, reflejando la elevada carga impositiva que soportan los extremeños. En 2024, los españoles han dedicado 17 días más que en 2021 para cumplir con sus obligaciones fiscales, con el Día de la Liberación Fiscal nacional moviéndose del 13 de julio en 2021 al 30 de julio este año.

Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo, señala que "el incremento de la carga impositiva junto con el aumento del nivel de precios y el estancamiento de los salarios por el déficit de productividad de la economía española hacen que los españoles deban destinar 7 meses de su trabajo a pagar impuestos". La combinación de ingresos estancados y la creciente presión fiscal ha mantenido la presión en niveles elevados, afectando significativamente a la economía doméstica.

En 2023, la recaudación del IRPF alcanzó un récord histórico de más de 120.000 millones de euros, impulsada por el aumento de las rentas totales de las familias y la escalada en los tramos fiscales. Sin embargo, esta mayor recaudación ha contribuido a una pérdida de poder adquisitivo, afectando el ascenso social y económico de los ciudadanos.

El IVA también ha marcado un hito, con una recaudación de 88.000 millones de euros en 2023, superando en más de 2.000 millones la cifra de 2022. Este incremento se debe al aumento en el consumo, aunque la recesión en el tipo efectivo devengado y el cambio en los hábitos de consumo hacia bienes con IVA reducido han moderado el impacto.

El estancamiento salarial en España durante más de una década ha sido una causa significativa del aumento de la presión fiscal. Desde 2012, los salarios medios solo han aumentado un 3,4%. En abril de 2024, la subida salarial media fue del 2,92%, inferior al promedio europeo y menor que el IPC del 3,3%, lo que ha exacerbado las dificultades económicas de las familias.

La deflactación del IRPF se presenta como una herramienta esencial para mantener la equidad tributaria frente al aumento del coste de vida. Este enfoque ajusta los tramos impositivos para evitar mayores cargas fiscales debido a la inflación, como se sugiere en Castilla-La Mancha.

El sistema fiscal español muestra variaciones significativas según la comunidad autónoma. Madrid, Andalucía y Castilla y León destacan por rebajar impuestos, mientras que Cataluña presenta una carga fiscal más alta. Estas diferencias se reflejan en la fecha de liberación fiscal, que va desde el 22 de julio en el País Vasco hasta el 4 de agosto en Cataluña.

Además, las cotizaciones sociales netas suponen el 60% del pago de impuestos anual debido a la elevada presión de las cotizaciones pagadas por la empresa. Esto contrasta con la media de la OCDE del 47%, afectando notablemente a los contribuyentes españoles.