El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas a empresas -de hasta un 80 por ciento de la inversión- para que puedan llevar a cabo sus procesos de digitalización, incluyendo actividades como inteligencia artificial, realidad virtual, robótica industrial, el 5G o la contratación de consultorías. Con esta iniciativa, dotada con tres millones de euros, se pretende llegar a 50 compañías del sector industrial en la implantación y uso de tecnologías innovadoras. 

En concreto, la portavoz ha precisado que "las pymes del sector industrial que soliciten estas ayudas podrán alcanzar una inversión de 125.000 euros. En este caso, la subvención sería la máxima, de 100.000 euros, y la empresa asumiría los restantes 25.000 euros". 

Por otro lado, también en el contexto de la transformación digital, Bazaga ha recordado que "son muchas las empresas y los trabajadores que apuestan por el trabajo en remoto", motivo por el que la Junta de Extremadura quiere favorecer "que las personas que optan por la modalidad de trabajo a distancia escojan Extremadura para instalarse". 

Las ayudas están destinadas a trabajadores que residan en otras zonas de España o en el extranjero y que se empadronen durante al menos dos años en nuestra región para trabajar a distancia. 

Las cuantías se sitúan entre los 8.000 euros y los 15.000 euros. De ese máximo de 15.000 euros de subvención se beneficiarán "las mujeres, los menores de 30 años y quienes se empadronen en municipios de menos de 5.000 habitantes, siempre que mantengan esta situación durante 3 años", ha puntualizado Bazaga. En total, ha agregado, "con estas ayudas esperamos beneficiar a 200 trabajadores, ya sea por cuenta ajena o autónomos, que ejerzan su actividad laboral desde Extremadura". 

La dotación económica para estas ayudas asciende a 2 millones de euros. Por último, en el apartado de subvenciones a empresas, el Consejo de Gobierno ha autorizado un presupuesto de más de 400.000 euros para que las empresas extremeñas, preferentemente las pymes, inviertan en acciones formativas, informativas y de asesoría en prevención de riesgos laborales. C

on ello se pretende cubrir los gastos salariales y técnicos de los profesionales que presten estos servicios, si bien las ayudas se distribuirán a través de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, según ha manifestado la consejera.