El Tribunal de Cuentas ha detectado un centenar de salvedades contables e irregularidades en la gestión presupuestaria de la Junta de Extremadura correspondientes al ejercicio economico de 2022, último año completo en el que fue presidente el socialista Guillermo Fernández Vara.

El informe de fiscalización fue aprobado en su sesión de 30 de enero de 2025 y ha sido elevado a las Cortes Generales, a la Asamblea de Extremadura y al ejecutivo autonómico, que se ha visto obligado a formular, ya bajo la presidencia de María Guardiola, hasta 100 alegaciones para intentar justificar las defiencias detectadas.

Según el informe, la Administración General de la Comunidad no disponía de un sistema de gastos que permitiera cuantificar las desviaciones de financiación ni del ejercicio de 2022 ni de los acumulados. Esta carencia impedía determinar los ajustes que deben presentarse en el estado del resultado presupuestario y calcular el remanente de tesorería afectado.

Además, se han detectado desviaciones positivas en ese período que fueron camufladas utilizando los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esto, unido a las salvedades referidas a la imputación de gastos e ingresos llevadas a cabo, hizo que se aumentara el importe negativo desde los 167.927.000 euros que en realidad fueron contabilizados, hasta los 333.978.000 euros. Esto significa que el déficit presupuestario de 2022 fue de casi 334 millones, y no de 168 millones, como figuraba en la documentación que el Gobierno de Vara puso en manos del Tribunal de Cuentas.

DEUDA DE LAS DIPUTACIONES

El informe ha detectado otras irregularidades que revelan que al cierre del ejercicio de 2022 se mantenían registradas deudas de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz con la Junta de Extremadura por un importe conjunto de 15.904.000 euros que debieron haber sido objeto de dotación por deterioro, algo que está estudiando la Intervención General.

Del mismo modo, los presupuestos generales de Extremadura para 2022 no incluyeron los correspondientes a la Universidad de Extremadura (Uex), tal y como establece la Ley, ni tampoco los
presupuestos de explotación y capital de la Fundación Universidad-Sociedad de la Uex, ni los de capital de la Fundación Jóvenes y Deporte.

En el mismo sentido, el Tribunal de Cuentas ha detectado que en ese período permanecía sin activar el aumento de capital de Extremadura Avante, S.L. que se hizo mediante aportaciones no dinerarias por importe de 13.214.000 euros. Según el informe de fiscalización, el hecho de no tenerlo en cuenta supone que el saldo de la cuenta de participaciones a largo plazo en sociedades del grupo estaba infravalorado a pesar de estar debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

Otra de las irregularidades que el informe pone sobre la mesa hace referencia al saldo final de la cuenta de acreedores por operaciones devengadas, que se presentó infravalorado en al menos 12.469.000 euros como consecuencia de la falta de procedimientos que permitan cuantificar gastos devengados distintos de las facturas conformadas y que también deberían formar parte del saldo final de esta cuenta.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El Tribunal de Cuentas también ha destacado el anómalo funcionamiento de la contabilidad de los organismos autónomos y entes públicos de la Junta de Extremadura, de los que se presentó de forma unificada la información presupuestaria y contable que en realidad corresponde a entidades contables diferenciadas. 

Así, los organismos y entes públicos que rinden cuentas independientes (Consejo Económico y Social de Extremadura, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, Consejo de la Juventud de Extremadura, Instituto de la Mujer de Extremadura y Servicio Extremeño de Salud) adolecen de limitaciones en sus sistemas contables que impiden la identificación de los bienes que integran su inmovilizado, afectando a su valoración, amortización y baja contable.

Además, el Tribunal de Cuentas revela en su informe que durante 2022, cuatro consorcios públicos autonómicos administrativos -Consorcio AGENEX, Consorcio Extremeño de Información al Consumidor,, Consorcio Teatro López de Ayala y Consorcio para la Gestión del Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción- presentaron sus presupuestos conforme a los modelos previstos para el sector fundacional. Sin embargo, el Patronato del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida y el Consorcio FEVAL utilizaron el modelo previsto para el sector empresarial. 

El informe revela que todas estas entidades, pese a tener naturaleza administrativa en función de su régimen de actividad y financiación, no presentaron presupuesto limitativo en 2022, tal y como establece la Ley.

COMUNICACIÓN A LA PRESIDENTA

Dado que en 2023 se produjo un cambio de Gobierno, los resultados de las actuaciones practicadas se pusieron de manifiesto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pero también a quien ostentó el cargo durante el periodo al que se extiende la fiscalización, Guillermo Fernández Vara.

El Tribunal de Cuentas puso en conocimiento de ambos que se abría un período para que se formulasen las alegaciones y se presentasen cuantos documentos y justificantes se estimasen pertinentes, y dentro del plazo de prórroga se recibieron las alegaciones de la presidenta de la Junta, pero no de Fernández Vara, que se remitió a las alegaciones presentadas por la actual presidenta.

A la vista de las alegaciones presentadas -un centenar-, el Tribunal de Cuentas ha realizado algunas modificaciones en el texto y ha planteado algunas consideraciones adicionales, pero no ha formulado observaciones respecto a las alegaciones que constituyen meras explicaciones en relación con los hechos recogidos en el informe y que, por tanto, no implican oposición al contenido del mismo. 

En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas ha dejado claro que el resultado definitivo de la fiscalización es el expresado en el informe que se ha remitido a las Cortes, a la Asamblea y a la Junta de Extremadura.