La organización Ecologistas en Acción se ha felicitado por la sentencia que ordena la paralización total del complejo Marina Isla de Valdecañas y ha descargado parte de la responsabilidad en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) al indicar que este largo proceso judicial y los gastos que conlleva podrían haberse evitado si la Sala hubiese ordenado en su día la paralización cautelar de las obras.

Ecologistas en Acción asegura que la sentencia "aborta un peligroso precedente" como "el uso de argucias para no ejecutar sentencias de demolición de obras nítidamente contrarias a la legislación urbanística y ambiental".

"Resulta difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística, europea, estatal y autonómica, como este con varias sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), del Supremo y del Constitucional, con informes del CSIC que avalaban la necesidad de demoler esta urbanización ilegal", ha indicado Roberto Herreros, portavoz de Ecologistas en Acción.

La asociación ecologista considera como "sorprendente" el auto del TSJEx de 30 de junio de 2020 en el que se declaraba la imposibilidad material de demoler los edificios ya terminados, limitándose a eliminar los que estaban a medio construir, en contra de los propios estudios científicos que se habían realizado en el proceso.

El proceso judicial, que ha durado 14 años, estuvo sembrado de polémica desde la aprobación del Proyecto de Interés Regional (PIR) por parte de la Junta de Extremadura, que autorizó la construcción de la urbanización en una zona dentro de la Red Natura 2000, que es un espacio protegido y no urbanizable.

Para Ecologistas en Acción, con aquel auto se podía instaurar "un peligroso precedente de vulneraciones de la legislación urbanística y ambiental" y la política de hechos consumados tiraría por tierra toda la normativa urbanística y de espacios protegidos, como la Red Natura 2000.

"Los mismos razonamientos del TSJEx serían aplicables a muchas obras ilegales, declarándose luego imposible su demolición por el impacto socioeconómico que pudiera provocar carta blanca para construir de forma ilegal permitiendo la transformación urbanística de suelos especialmente protegidos", indica Ecologistas en Acción, que ha acusado al tribunal extremeño de intentar evitar la demolición aludiendo a su imposibilidad material, algo que ha corregido ahora el Tribunal Supremo.

"Todos los gastos que va a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012 cuando dictó su primera sentencia en contra", que ha recordado que la Sala "condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes, Adenex y Ecologistas en Acción, depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo disparatadamente fuera de su alcance".

La organización ecologista asegura que siempre ha actuado con el único afán de que se cumpliera la legalidad y de bloquear "un peligroso precedente" urbanístico, motivo por el que renunció a la indemnización de 250.000 euros que fijó el TSJEx. Asimismo ha pedido a la Junta de Extremadura que pida disculpas "por su nefasta y cuasi prevaricadora gestión de este asunto" y que atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas.

Por último, Ecologistas en Acción espera que está sentencia "sea un aviso para navegantes" de cara a la proyectada construcción de un complejo de ocio en La Serena, Elysium City, donde también se pretende urbanizar varias zonas protegidas.