El 74% de los extremeños considera que proceder al derribo del complejo residencial de Valdecañas, como ordena el Tribunal Supremo, conllevaría más daños que beneficios ambientales, según una encuesta encargada por la Junta de Extremadura.

El portavoz del Gobierno extremeño, Juan Antonio González, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para dar a conocer este estudio, encargado a la empresa Metroscopia y elaborado mediante mil entrevistas telefónicas realizadas entre el 6 y el 8 de abril.

González, a preguntas de los periodistas, ha remitido al Portal de Transparencia para conocer el coste de este sondeo y ha reconocido que la opinión mayoritaria que refleja coincide con la línea argumental de la Junta de Extremadura en este asunto.

Esta idea contraria al derribo, según las conclusiones de Metroscopia, es ampliamente mayoritaria en todos los electorados, excepto en el de Unidas Podemos.

Juan Antonio González ha indicado que la encuesta supone un compromiso del Gobierno regional para "conocer en tiempo y forma la opinión de los extremeños" ante un tema que entienden que es "de interés general y que además es muy sensible".

Preguntado sobre si la Junta de Extremadura iba a actuar de igual forma ante otros asuntos, González ha manifestado que, "aunque puntualmente", cree que "no es mala opción la de, a través de encuestas, conocer la opinión de los extremeños" ante determinadas cuestiones.

Según otras conclusiones del estudio sociológico, el 85% de los encuestados está al tanto de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena el derribo de Valdecañas y un 80% cree que la dilación de la resolución judicial ha provocado una "situación objetiva de injusticia", pues el complejo residencial y turístico ya está habitado y en pleno funcionamiento.

Además, un 80% de la ciudadanía extremeña es partidaria de recurrir esta sentencia en todas las instancias en las que sea posible hacerlo, una opinión también mayoritaria en todos los electorados, mientras que solo un 14% cree que habría que aplicar ya la sentencia.

Juan Antonio González ha destacado igualmente que la opinión mayoritaria de los extremeños en este sentido coincide con el planteamiento de la Junta de Extremadura de "llegar hasta donde hiciera falta" en las instancias judiciales para impedir que se ejecute el derribo y, en ese sentido, ha precisado que continúan con la preparación del recurso ante el Tribunal Constitucional.

También el 51% de los encuestados apuesta por la modificación de la vigente Ley del Suelo para tratar de dar una solución al problema, mientras que un 40% esperaría hasta la resolución definitiva del caso en vía judicial y solamente un 5% se muestra a favor de la ejecución inmediata de la sentencia de derribo del Supremo.

González ha recordado, en ese sentido, que la Junta quiere hablar con todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura para alcanzar el máximo consenso posible a favor de esta modificación de la Ley del Suelo para que se apruebe en el Parlamento regional y posteriormente se envíe al Congreso de los Diputados.

Igualmente se ha referido al manifiesto de 13 comunidades autónomas, promovido por Extremadura, y firmado la semana pasada para cambiar esta ley y dotar de mayor seguridad jurídica todo lo relacionado con la ordenación del territorio y el urbanismo.