Díaz Ayuso ha mantenido este lunes en Mérid un encuentro institucional con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el que ambas han firmado una declaración institucional para solicitar esta medida. 

“Ahora que su vicepresidenta -Teresa Ribera- está en la UE y habla sin tapujos de la energía nuclear, quizás es el momento de que tomen nota porque es la encargada de ejecutar esta catástrofe de cierre de las centrales nucleares y luego se pone al frente de la apertura de las mismas en otros países, como hemos visto ahora recientemente con Bélgica”, ha añadido.

La presidenta ha destacado que la clausura de Almaraz pone en riesgo la garantía de suministro y el desarrollo económico en regiones como la madrileña, perjudicando gravemente la competitividad de su tejido empresarial, teniendo en cuenta que el 15% de la energía que se consume en la región proviene de esta instalación cacereña.

Para Díaz Ayuso, la campaña “trasnochada y sin rigor de algunos contra las centrales nucleares nos va a hacer todavía más rehenes de los combustibles fósiles”, y sobre todo del gas que vende Rusia, el 21% de todo el que compra España.

“Exigimos una política energética apegada a la realidad, sin ideología, con rigor científico y rigor, que esté a la altura de los tiempos, cuide verdaderamente del medio ambiente, la industria, el empleo y la autonomía energética de España”, ha subrayado la presidenta, que ha pedido al Gobierno que “no ponga a las empresas energéticas en el disparadero para luego usarlas de coartada”.

ENERGÍA VERDE

La nuclear, ha constatado la jefa del Ejecutivo autonómico, fue declarada como energía verde por la Unión Europea en 2022, y evita la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de CO₂ al año, contribuyendo a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y a la estabilidad del suministro energético.

Díaz Ayuso también se ha referido a recientes estudios que calculan que su fin en España provocaría un aumento del 23% en la factura de la luz para hogares y pequeñas empresas, con pérdidas inasumibles para quienes generan empleo y riqueza. Y un cierre prematuro de las centrales supondría un perjuicio de cerca de 30.000 puestos de trabajo y un encarecimiento de la factura eléctrica de 22.500 millones de euros.

La presidenta también ha lamentado el incremento de la carga fiscal un 70% en los últimos cinco años a estas empresas “para desincentivarlas” y que no se invierta, lo que a su juicio va “en contra de la industria, el empleo, las familias y la digitalización”. En definitiva, ha concluido, “está comprometiendo incluso nuestra seguridad nacional".