La historia de la veterinaria está marcada por la vocación, el esfuerzo y, en muchos casos, la lucha por ejercer con las herramientas necesarias. Entre las reivindicaciones más persistentes se encuentra el derecho a disponer de un botiquín con los medicamentos imprescindibles para el tratamiento de animales bajo el cuidado profesional del veterinario. No es un capricho, es una necesidad que garantiza la salud animal y la seguridad alimentaria.

Desde mi infancia, acompañando a mi padre, veterinario titular, vi de cerca la frustración de no contar con un acceso adecuado a los fármacos esenciales. Recuerdo cómo, en cada destino, la primera visita era a la farmacia local, donde invariablemente recibía la misma negativa: no había compromiso de mantener el stock de los medicamentos necesarios. Décadas después, al incorporarme a la práctica clínica junto a mi hermano, encontramos en el sistema de botiquín cedido por comerciales detallistas una solución funcional, pero insuficiente para la autonomía profesional.

El debate sobre el botiquín para la cesión de los medicamentos precisos al objeto de completar el tratamiento de animales bajo el cuidado del veterinario ha sido constante y, con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/6, parecía abrirse una puerta a la racionalización de la dispensación veterinaria. Sin embargo, la posterior regulación nacional, materializada en el Real Decreto 666/2023, impuso un marco excesivamente restrictivo. Las limitaciones en la aplicación de la cascada de medicamentos, la imposibilidad del uso fuera de la ficha técnica y la rígida regulación de antimicrobianos no solo han dificultado el ejercicio de la profesión, sino que han creado un sistema burocrático que ralentiza y, en muchos casos, compromete la atención sanitaria de los animales.

Tal vez hemos cometido el error de centrarnos en la dispensación y en su posible rentabilidad, descuidando la verdadera esencia del problema: la necesidad de un marco regulador basado en la evidencia científica y en la realidad del ejercicio veterinario. No se trata de privilegios, sino de garantizar el acceso a los medicamentos en las condiciones óptimas de seguridad y eficacia, bajo la supervisión del veterinario.

Es hora de dejar atrás la inercia y asumir un papel activo en la configuración de nuestro futuro profesional. La solución no vendrá de la confrontación estéril, sino de la educación, el rigor científico y la participación de las sociedades y asociaciones veterinarias en el desarrollo de normativas justas.

Los retos son enormes, pero también lo es la vocación que nos define. Convertir esta crisis en una oportunidad depende de nuestra capacidad para organizarnos, argumentar con solidez y trabajar en la defensa de una veterinaria autónoma, científica y eficaz. La lucha por el botiquín veterinario sigue viva, y con ella, el compromiso de una profesión que no puede, ni debe, renunciar a su capacidad de curar.

Juan Antonio Vicente Báez. Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres.